Los Inspectores de Seguros del Estado denuncian la falta de medios de para la supervisión de las entidades aseguradoras y la necesidad de una reforma integral de la DGSFP (Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones).
Los Inspectores de Seguros del Estado dan la voz de alarma
La Asociación Profesional de Inspectores de Seguros del Estado (Apise) pide una reforma integral de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) que permita realizar una supervisión efectiva sobre las entidades aseguradoras.
En este sentido, desde nuestra asociación venimos denunciando sin éxito la falta de supervisión que se está realizando sobre el sector asegurador y que permite que las aseguradoras opriman con su mala praxis a las víctimas de accidentes. Nos preguntamos ¿cuántas quejas registra la DGSFP de las aseguradoras? ¿Se investigan esas quejas? ¿Cuáles son los protocolos? ¿Y los datos de sanciones a aseguradoras?
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Comunicado de la Asociación Profesional de Inspectores de Seguros del Estado (APISE)
Publicado con fecha 12 de julio de 2018
Ante las recientes noticias publicadas sobre la reforma de los organismos supervisores y en particular del supervisor de seguros y fondos de pensiones, la Asociación Profesional de Inspectores de Seguros del Estado (APISE) quiere reiterar la imperiosa necesidad de llevar a cabo una reforma profunda de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP) que permita garantizar un supervisor fuerte e independiente y de este modo atender a las exigencias puestas de manifiesto tanto por el Fondo Monetario Internacional como por el Consejo de Estado, en este último caso en su informe sobre la Ley 20/2015 de 14 de julio, de ordenación supervisión y solvencia de entidades aseguradoras y reaseguradoras.
La independencia junto con una dotación presupuestaria suficiente, en línea con la disponible por los distintos supervisores europeos, permitirá dar cumplimiento a las crecientes obligaciones y responsabilidades supervisoras derivadas del marco normativo de Solvencia II. En este sentido, conviene recordar que en el último examen realizado por el Fondo Monetario Internacional, si bien se destacó la competencia y cualificación de los profesionales de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, se señalaron como graves vulnerabilidades del supervisor, la
falta de recursos suficientes para desempeñar con eficacia sus objetivos de control, así como la falta de una política de retención de su personal.
Las facultades de inspección de las Entidades Aseguradoras y los Planes de Pensiones están legalmente encomendadas al Cuerpo Superior de Inspectores de Seguros del Estado, cuerpo extraordinariamente especializado que viene desarrollando estas funciones desde 1908 de una
manera excepcional.
Es por ello que nuestro conocimiento del sector y la supervisión nos convierte en los interlocutores más cualificados sobre cuáles son las necesidades reales de la supervisión de Entidades Aseguradoras y Fondos de pensiones, que precisa de una modernización y adaptación que no esté sujeta a los cambios políticos.
Recientemente se había iniciado la tramitación de un proyecto que a priori parecía adecuado para responder a las necesidades del supervisor de Seguros y Fondos de Pensiones, siempre y cuando se le dotara de la financiación necesaria y de la imprescindible capacidad de autogestión de sus recursos. En realidad son varios los proyectos que los distintos gobiernos han intentado implementar para conseguir estos objetivos, pero los cambios de signo político echan al traste una y otra vez las distintas propuestas planteadas, lo que desde el punto de vista de la Asociación implica una grave irresponsabilidad, a la vez que provoca la frustración del colectivo de Inspectores de Seguros que solo busca la imparcialidad en su labor de protección del consumidor.
Santiago Durán Domínguez
Presidente de la Asociación de Inspectores de Seguros del Estado
Las víctimas deseamos una mayor supervisión sobre las aseguradoras
El 15 de marzo de 2017 nuestra asociación se reunió con la DGSFP.
En el encuentro, Asociación DIA trasladó lo que lleva años constatando a través de las víctimas de accidentes que atiende: la posible mala praxis generalizada del sector asegurador en la aplicación del nuevo baremo. Prácticas como:
- obstaculizar la comunicación entre la víctima y la aseguradora
- no facilitar los informes médicos que se realizan a las víctimas
- realizar ofertas ‘motivadas’ sin ningún tipo de desglose de los puntos de secuela
- realizar las ofertas de indemnización de manera telefónica y ‘al regateo’
- por citar tan sólo algunas de ellas…
Un sistema que supondría en la práctica una carrera de obstáculos para las reclamaciones de las víctimas de accidentes y de sus abogados/as.
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