Como presidente de la Asociación DIA de víctimas de accidentes y de Fundtrafic, mi valoración sobre los datos de siniestralidad de 2024 es clara y contundente. Los 1.154 fallecidos en accidentes de tráfico en vías interurbanas, aunque representan un ligero aumento respecto al año anterior, son cifras inasumibles que reflejan la necesidad de un cambio drástico en nuestras políticas de seguridad vial.
Es alentador observar que, a pesar del incremento de desplazamientos, un 3,15 % más que en 2023, las muertes no han crecido de manera proporcional. Sin embargo, el aumento del 16 % en el primer trimestre de 2024 nos obliga a tomar medidas urgentes. La respuesta del ministerio a través de un plan de choque es un paso en la dirección correcta, pero debemos mantener la vigilancia y la acción continua.
El notable incremento de siniestros con múltiples fallecidos (un 15 % más) es alarmante y subraya la necesidad de campañas específicas de concienciación y formación. La seguridad vial no solo debe centrarse en la cantidad de controles, sino también en la calidad de la educación y formación de los conductores. Es esencial que se priorice la formación en el uso adecuado del móvil, la prevención del consumo de alcohol y drogas, así como la reducción de la velocidad y conductas temerarias.
Además, la tendencia preocupante en el aumento de fallecidos en furgonetas, con un incremento del 98 %, indica que debemos prestar más atención a este tipo de vehículos. La decisión de realizar un estudio en profundidad es esencial, pero también lo es la implementación de medidas inmediatas de vigilancia y educación dirigidas a los conductores de furgonetas.
Aplaudo las cifras de reducción de peatones fallecidos en un 15 %, pero no debemos bajar la guardia. El hecho de que los motociclistas representen una proporción significativa de las víctimas mortales vulnerables nos obliga a intensificar la formación y el control en este ámbito. El aumento del 13 % en los siniestros de motocicletas en autopistas y autovías es una señal de alerta que no podemos ignorar.
La incorporación de 122 nuevos radares y el aumento de la vigilancia en autovías son pasos positivos, pero también debemos evaluar su efectividad y asegurarnos de que se ajusten a las nuevas realidades de la siniestralidad. La relación del 26 % de los siniestros mortales con el consumo de alcohol es un recordatorio de que la prevención y la educación son claves.
Finalmente, es fundamental que las políticas de seguridad vial aborden la desigualdad en las cifras de víctimas, donde los hombres siguen siendo el grupo más afectado. La reducción de mortalidad en mujeres es un avance, pero necesitamos seguir trabajando en la concienciación de todos los grupos de edad, especialmente en aquellos que más sufren.
En conclusión, es imperativo que adoptemos un enfoque renovado y multidimensional en nuestras políticas de seguridad vial, donde la educación, la vigilancia y la mejora de la infraestructura sean pilares fundamentales para reducir las cifras de siniestralidad. No podemos aceptar que la movilidad tenga un precio tan alto.
La vida de cada persona es invaluable y debemos trabajar incansablemente para protegerla.
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