La Asociación DIA, a través de su Programa de Inclusión Sociolaboral, acaba de terminar la primera sesión de los diferentes talleres presenciales que se están llevando a cabo en su delegación de Valencia sobre alfabetización digital.
Estas formaciones se imparten en el marco del Programa de Apoyo a Mujeres en los ámbitos rural y urbano, financiado por la Unión Europea NextGenerationEU, dirigido a mujeres inscritas como demandantes de empleo y con necesidad de cualificación (requisito: no disponer de un certificado de profesionalidad, título de ESO o equivalente).
Así, DIA, de forma gratuita, ofrece talleres dirigidos a mejorar la capacitación profesional en aras de lograr la inclusión sociolaboral de este colectivo.
Para más información, puedes ponerte en contacto mediante el correo electrónico: pil@asociaciondia.org o llamando al teléfono de atención gratuita: 900 90 77 11.
Para muchas personas, el regreso al hogar tras una estancia hospitalaria o el simple hecho de envejecer se convierte en una carrera de obstáculos. Un par de escalones en el portal, antes invisibles, se transforman de repente en un muro infranqueable que dicta quién puede salir a la calle y quién queda confinado entre cuatro paredes.
Hoy damos un paso decisivo para derribar esos muros. El reciente anteproyecto de ley que reforma la Ley de Propiedad Horizontal marca un antes y un después en la lucha por la autonomía personal, situando la dignidad por encima de los presupuestos.
La accesibilidad deja de ser una concesión para ser un derecho
Hasta ahora, la eliminación de barreras arquitectónicas en las comunidades de vecinos estaba sujeta a un límite económico estricto: si el coste superaba las doce mensualidades de gastos comunes, la obra podía quedar bloqueada. Esta barrera administrativa condenaba a muchas personas con discapacidad o mayores de 70 años a vivir en edificios que no respetaban sus necesidades básicas.
Los pilares de la nueva reforma:
Obligatoriedad sin límites de coste: Siempre que existan ayudas públicas que cubran al menos el 75% de la inversión, la comunidad estará obligada a ejecutar las obras (instalación de ascensores, rampas o plataformas), independientemente del importe total.
El respaldo del Estado: La creación del Fondo Estatal para el Fomento de la Accesibilidad Universal es la pieza que faltaba en el engranaje. Este fondo garantiza que la falta de liquidez no sea un argumento para negar el derecho al movimiento.
Inclusión real: Esta medida no solo beneficia a quienes hoy usan una silla de ruedas; prepara nuestros edificios para una sociedad que envejece y que aspira a vivir con plenitud en su entorno de siempre.
Un compromiso con la autonomía personal
Desde nuestra labor diaria, defendemos que la verdadera inclusión comienza en el lugar donde vivimos. No podemos hablar de igualdad de oportunidades si una persona no es capaz de cruzar el umbral de su propia casa sin ayuda externa.
En Asociación DIA instamos a las juntas de propietarios y administradores de fincas a recibir este cambio legislativo con sensibilidad y altura de miras. Adaptar un edificio no es solo cumplir con un trámite legal; es un acto de respeto hacia la vida y el futuro de todos los vecinos. Porque una sociedad que elimina sus barreras es, sin duda, una sociedad más libre.
El respaldo a nuestra labor social: Sostenibilidad de los programas IRPF 2024
En Asociación DIA, nuestra prioridad es que la atención a las víctimas no se detenga. Por ello, es fundamental contar con el apoyo de instituciones que den viabilidad a los proyectos que desarrollamos día a día. En este sentido, celebramos la concesión de las subvenciones del Gobierno de España, a través del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y en colaboración con ECOM, financiadas con cargo a la asignación tributaria del IRPF 2024.
Estos fondos han resultado clave para respaldar y dar continuidad a programas de alto impacto social que ya han sido ejecutados con éxito por nuestro equipo técnico, garantizando que el acompañamiento a las víctimas y sus familias sea profesional, constante y gratuito.
Programa 2: PIL – Proyecto de Inclusión Laboral a Víctimas de Accidentes con Diversidad Funcional (8.012,00 €).
Especial relevancia tiene el apoyo recibido para nuestro PIL (Proyecto de Inclusión Laboral), una iniciativa propia de Asociación DIA diseñada para que el empleo sea el motor de recuperación de las víctimas. Esta subvención ha financiado la ejecución de las medidas de acompañamiento y diseño de itinerarios que han permitido que personas con diversidad funcional retomen su vida profesional y su independencia económica.
Programa 1: Información y promoción en favor de la inclusión social de víctimas de accidentes y/o sus familiares (8.344,00 €).
Esta partida ha respaldado nuestras acciones de atención sociosanitaria y promoción de la salud. Gracias a este apoyo, hemos podido facilitar recursos críticos para fomentar la autonomía, la vida independiente y la plena inclusión en la comunidad de las personas que han visto su realidad transformada por la discapacidad.
Desde aquí agradecemos al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y a ECOM su confianza en la solvencia técnica de nuestra asociación. El hecho de que estas ayudas lleguen para financiar nuestros proyectos es un reconocimiento al rigor con el que gestionamos cada caso.
Desde Asociación DIA, reafirmamos nuestro compromiso de seguir adelante, transformando cada apoyo recibido en una herramienta real de cambio para las víctimas y sus familias. Porque nuestro trabajo no se detiene, y su esperanza tampoco.
Desde Asociación DIA seguimos trabajando para construir una sociedad más justa e inclusiva. Gracias al apoyo de la Generalitat Valenciana, a través de la convocatoria de ayudas del tramo autonómico del 0,7% del IRPF, este 2024 reforzamos nuestra intervención en tres áreas fundamentales: la educación preventiva, la inserción laboral y la atención integral sociosanitaria.
Estas subvenciones, concedidas por la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda a través de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), representan un impulso vital para transformar la realidad de los colectivos más vulnerables, permitiéndonos desarrollar proyectos que generan autonomía y bienestar.
Programa 14: AutoEducarte (16.079,19 €) Una apuesta firme por la prevención y el futuro. A través de este programa, llevamos la intervención educativa vial a menores en riesgo de exclusión social, dotándoles de herramientas y valores que fomenten una movilidad segura y responsable desde la base.
Programa 4: Acciones para el empleo (3.499,21 €) Entendemos el trabajo como un pilar fundamental para la dignidad. Este proyecto se centra en nuestro Servicio de Intermediación Laboral e Itinerarios Personalizados, acompañando a las personas en su camino hacia la autonomía profesional y la plena integración en el mercado de trabajo.
Programa 5: Servicio de Atención Integral Sociosanitaria (3.164,64 €) El apoyo no debe ser solo para el individuo, sino para todo su entorno. Este programa garantiza una atención integral a personas con discapacidad y sus familias, ofreciendo el soporte técnico y humano necesario para mejorar su calidad de vida y fortalecer su bienestar diario.
Compromiso con la inclusión y el bienestar social
Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a la Generalitat Valenciana y a COCEMFE por renovar su confianza en la labor de nuestra asociación a través de estas subvenciones.
Estos recursos son mucho más que una dotación económica; representan una oportunidad real de cambio en la vida de muchas personas. Gracias a este respaldo, podemos seguir impulsando la educación vial inclusiva, la autonomía a través del empleo y el bienestar integral de las personas con discapacidad y sus familias.
Desde Asociación DIA, reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con la construcción de una sociedad donde la igualdad de oportunidades sea un derecho efectivo, no un privilegio. Seguimos trabajando con el rigor que nos caracteriza y la esperanza de transformar cada apoyo recibido en una mejora tangible para quienes más lo necesitan.
Como presidente de la Asociación DIA de víctimas de accidentes y de Fundtrafic, mi valoración sobre los datos de siniestralidad de 2024 es clara y contundente. Los 1.154 fallecidos en accidentes de tráfico en vías interurbanas, aunque representan un ligero aumento respecto al año anterior, son cifras inasumibles que reflejan la necesidad de un cambio drástico en nuestras políticas de seguridad vial.
Es alentador observar que, a pesar del incremento de desplazamientos, un 3,15 % más que en 2023, las muertes no han crecido de manera proporcional. Sin embargo, el aumento del 16 % en el primer trimestre de 2024 nos obliga a tomar medidas urgentes. La respuesta del ministerio a través de un plan de choque es un paso en la dirección correcta, pero debemos mantener la vigilancia y la acción continua.
El notable incremento de siniestros con múltiples fallecidos (un 15 % más) es alarmante y subraya la necesidad de campañas específicas de concienciación y formación. La seguridad vial no solo debe centrarse en la cantidad de controles, sino también en la calidad de la educación y formación de los conductores. Es esencial que se priorice la formación en el uso adecuado del móvil, la prevención del consumo de alcohol y drogas, así como la reducción de la velocidad y conductas temerarias.
Además, la tendencia preocupante en el aumento de fallecidos en furgonetas, con un incremento del 98 %, indica que debemos prestar más atención a este tipo de vehículos. La decisión de realizar un estudio en profundidad es esencial, pero también lo es la implementación de medidas inmediatas de vigilancia y educación dirigidas a los conductores de furgonetas.
Aplaudo las cifras de reducción de peatones fallecidos en un 15 %, pero no debemos bajar la guardia. El hecho de que los motociclistas representen una proporción significativa de las víctimas mortales vulnerables nos obliga a intensificar la formación y el control en este ámbito. El aumento del 13 % en los siniestros de motocicletas en autopistas y autovías es una señal de alerta que no podemos ignorar.
La incorporación de 122 nuevos radares y el aumento de la vigilancia en autovías son pasos positivos, pero también debemos evaluar su efectividad y asegurarnos de que se ajusten a las nuevas realidades de la siniestralidad. La relación del 26 % de los siniestros mortales con el consumo de alcohol es un recordatorio de que la prevención y la educación son claves.
Finalmente, es fundamental que las políticas de seguridad vial aborden la desigualdad en las cifras de víctimas, donde los hombres siguen siendo el grupo más afectado. La reducción de mortalidad en mujeres es un avance, pero necesitamos seguir trabajando en la concienciación de todos los grupos de edad, especialmente en aquellos que más sufren.
En conclusión, es imperativo que adoptemos un enfoque renovado y multidimensional en nuestras políticas de seguridad vial, donde la educación, la vigilancia y la mejora de la infraestructura sean pilares fundamentales para reducir las cifras de siniestralidad. No podemos aceptar que la movilidad tenga un precio tan alto.
La vida de cada persona es invaluable y debemos trabajar incansablemente para protegerla.
Puede descargar la nota de prensa completa en el siguiente enlace:
La reciente postura del Tribunal Supremo, que rechaza la compatibilidad de la situación de incapacidad absoluta y la gran invalidez con la posibilidad de desempeñar un trabajo, plantea serias preocupaciones desde el punto de vista social. Esta decisión, lejos de proteger los derechos de las personas con diversidad funcional, parece ignorar la realidad de muchos individuos que, a pesar de sus limitaciones, pueden y desean contribuir activamente a la sociedad.
La STS n.º 544/2024, de 11 de abril de 2024, ECLI:ES:TS:2024:1996, resuelve sobre la compatibilidad entre la pensión de gran invalidez y el trabajo en la ONCE.
La cuestión que se plantea en casación para la unificación de la doctrina consiste en determinar si el reconocimiento de una gran invalidez a un trabajador de la ONCE es compatible con el hecho de que continúe vendiendo cupones de dicha organización.
En esta ocasión el TS rechaza la casación en contra de lo reiterado por anterior jurisprudencia donde se ha declarado la compatibilidad de la gran invalidez con el trabajo por cuenta ajena, así a título enumerativo podemos mencionar la STS, rec. 480/2007, de 30 de enero de 2008, ECLI:ES:TS:2008:1849, y la STS, rec. 907/2012, de 16 de octubre de 2013, ES:TS:2013:6655, (esta última, además, precisamente, con la venta de cupones de la ONCE) han declarado la compatibilidad de la gran invalidez y el trabajo por cuenta ajena; doctrina que se ha reiterado en numerosas sentencias sin diferenciar entre las situaciones de gran invalidez y de incapacidad absoluta, como en la STS, rec. 2512/200, de 23 de abril de 2009; STS, rec. 1674/2008, de 1 de diciembre de 2009, ECLI:ES:TS:2009:8101; STS, rec. 2022/201, de 19 de marzo de 2013, ECLI:ES2013:1699; STS n.º 450/2018, de 25 de abril, ECLI:ES:TS:2018:1805 y, más recientemente, la STS, rec. 2648/2017, de 20 de marzo, ECLI:ES:TS:2019:1285.
El TS se basa en la interpretación literal del artículo 198.2 de la LGSS (que señala que «Las pensiones vitalicias en caso de incapacidad permanente absoluta o de gran invalidez no impedirán el ejercicio de aquellas actividades, sean o no lucrativas, compatibles con el estado del incapacitado y que no representen un cambio en su capacidad de trabajo a efectos de revisión») y argumenta que debe interpretarse que las actividades compatibles con las situaciones de incapacidad permanente absoluta y gran invalidez deben ser marginales y de poca importancia, que no requieran darse de alta ni cotizar por ellas a la Seguridad Social, entendiendo la Sala IV que legislador se refiere única y exclusivamente a aquellos trabajos de tipo marginal e intrascendente, en el sentido de ser de mínima significación y relieve, porque otro entendimiento del precepto rompería de manera frontal con todo el sistema y con la doctrina de la Sala que tiene reiteradamente declarado que la incapacidad permanente absoluta es aquella situación que impide al trabajador la realización de cualquier actividad por liviana y sedentaria que sea, con lo que de mantenerse un criterio amplio en la interpretación del precepto citado, el resultado sería, de contradicción plena con el sistema y conduciría al absurdo ( así la STS 13 de mayo de 1986).
En contra de esta postura, ante una interpretación literal de la norma, debemos abogar por un cambio legislativo, puesto que esta postura contradice en todo punto los principios de inclusión y no discriminación establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas que promueve la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad en todos los aspectos de la vida, incluido el empleo, convención esta ratificada por España.
De esta manera, negar la posibilidad de trabajar a quienes se encuentran en situación de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, les priva de una oportunidad fundamental para su desarrollo personal y profesional (con la evidente repercusión negativa a nivel emocional, agravando la situación de vulnerabilidad y exclusión social de este colectivo).
Tampoco hay que dejar de lado la consideración de la perspectiva global económica, pues impedir que las personas con incapacidad absoluta o gran invalidez trabajen puede aumentar la dependencia de estas personas de las prestaciones sociales, en lugar de fomentar su autonomía y contribución al sistema económico, por lo que esta postura del TS resulta perjudicial para el tejido social y económico del país.
De este modo podemos concluir que la postura anunciada por el Tribunal Supremo sobre la incompatibilidad de la incapacidad absoluta y la gran invalidez con el desempeño de un trabajo es un paso atrás en la protección de los derechos de las personas con diversidad funcional, resultando urgente reconsiderar esta decisión y adoptar un enfoque más inclusivo y adaptado a la realidad actual, que promueva la igualdad de derechos y oportunidades y el respeto a la dignidad de todas las personas.
Haciendo una llamada a la precaución, desde Asociación DIA recomendamos que las personas con diversidad funcional que tengan reconocida una incapacidad permanente en grado de absoluta y/o gran invalidez que compatibilicen su situación con el desempleo de un empleo remunerado revisen esta circunstancia, resultando recomendable cesar su situación activa laboral, puesto que podrían verse privados de continuar percibiendo su prestación pública derivada de su incapacidad con efecto retroactivo ante una demanda por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social.
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