La reciente puesta en marcha del teléfono 018 marca un hito en la protección de las personas afectadas por siniestros de tráfico en España. Este servicio, impulsado por el Ministerio del Interior, responde a una demanda histórica del movimiento asociativo, consolidando un recurso de atención pública esencial para quienes se enfrentan a las consecuencias, a menudo devastadoras, de un accidente.
Con el objetivo de analizar el alcance y la operatividad de este nuevo canal, Elena Fernández, abogada especializada en siniestralidad vial, participó recientemente en una entrevista en Radio Nacional de España (RNE). Durante su intervención, Fernández puso en valor la necesidad de que los recursos públicos ofrezcan un apoyo verdaderamente integral —psicológico, social y legal— que garantice el acompañamiento profesional necesario tras el suceso.
«El desamparo que siente una víctima tras un siniestro es una realidad que debemos mitigar desde el primer minuto. La atención debe ser humana, personalizada y profesional», señaló Fernández durante la entrevista. Asimismo, destacó que el 018 no solo facilita orientación, sino que actúa como un puente fundamental para reducir la desprotección, permitiendo que los afectados cuenten con una guía experta para gestionar el impacto emocional y los trámites derivados del accidente.
Este servicio representa un refuerzo indispensable para promover una recuperación más digna, colocando siempre a la persona en el centro de la atención pública. La intervención de Fernández subraya la importancia de este paso adelante, reafirmando el compromiso por una respuesta ante la violencia vial que sea cada vez más efectiva, humana y coordinada.
El pasado 6 de noviembre, las representantes de la Asociación DIA de Víctimas de Accidentes:Ruth Palmer, trabajadora social y gerente de la entidad junto a Elena Fernández, coordinadora de Atención a Víctimas (sentadas en el mismo orden en las fotografías a la izquierda del Fiscal de Sala D. Mario Sanz) participaron en una reunión celebrada en la Fiscalía General del Estado junto con otras organizaciones del ámbito asociativo.
El encuentro estuvo presidido por el Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial, D. Mario Sanz, acompañado por los Fiscales Adscritos Dña. Mª Carmen González y D. Álvaro Valverde.
Durante la reunión, las representantes de Asociación DIA trasladaron una valoración actual de la situación de las víctimas de delitos viales, subrayando la necesidad urgente de garantizar una atención especializada e integral en todas las etapas del proceso: apoyo psicosocial, acompañamiento laboral y asesoramiento legal.
Esta atención coordinada —expusieron— es clave para favorecer una mejor resolución del caso y reducir la vulnerabilidad de las personas afectadas.
Asimismo, plantearon propuestas específicas de mejora en la atención a las víctimas, entre ellas el impulso del nuevo número de teléfono de atención a víctimas de accidentes, previsto para ponerse en marcha en los próximos meses bajo la iniciativa de la Dirección General de Tráfico (DGT).
Este recurso será especialmente importante para apoyar a las víctimas con secuelas leves o moderadas, un colectivo que históricamente ha recibido una atención insuficiente pese al impacto real que estos accidentes pueden tener en su vida cotidiana.
La Asociación DIA reafirma así su compromiso con la defensa de los derechos de las víctimas y con la mejora continua de los recursos disponibles para su recuperación integral.
La Asociación DIA de Víctimas de Accidentes ha participado con una ponencia en el Curso de Medicina Pericial y Forense en accidentes de tráfico 2024 organizado por la Sección de Derecho de la Circulación del ICAB, Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, en doble formato, presencial y online.
La intervención de dos horas de duración se realizó el pasado 28/11/2024 tratando el tema:
La prueba pericial del Trabajador Social: metodología para la acreditación y valoración de los perjuicios particulares de daños morales complementarios y pérdida de calidad de vida de familiares de grandes lesionados y ayuda de tercera persona.
Elena Fernández Cuadrado, Coordinadora de la Asociación DIA de Víctimas de Accidentes Cristina Donaire, Trabajadora social de la Asociación DIA de Víctimas de Accidentes Francisco Canes Doménech, Presidente de la Asociación DIA de Víctimas de Accidentes
En los próximos meses nuestra entidad realizará en algunos Colegios de Abogados que se han mostrado interesados esta formación gratuita y, además, ofrecerá a los diferentes colegios de abogados existentes en España la posibilidad de que impartamos este tipo de formación que recordamos es totalmente gratuita para los letrados y letradas que estén interesados en esta temática.
Desde la Asociación DIA de Víctimas de Accidentes queremos compartir la siguiente noticia en referencia a una decisión sin precedentes. El Juzgado de lo Penal nº 14 de Madrid ha emitido una sentencia que marcará un hito en la compensación a las víctimas de accidentes de tráfico. En este caso particular, una mujer de 32 años recibirá una indemnización récord de 3,3 millones de euros, tras sufrir un grave accidente en un paso de peatones señalizado.
Esta compensación, que es la más alta otorgada a una sola víctima de un siniestro de tráfico, refleja no solo el dolor y sufrimiento que ha experimentado la afectada, sino también la importancia de reconocer y reparar adecuadamente el daño causado en casos de esta naturaleza.
El incidente tuvo lugar en el año 2016 y provocó a la mujer secuelas devastadoras. Un traumatismo craneoencefálico severo y múltiples fracturas en la zona pélvica cambiaron drásticamente su vida, generándole una tetraparesia espástica muy grave. Con esta nueva condición, la víctima pasó a depender totalmente de ayuda para realizar las actividades más básicas de la vida diaria, enfrentando una realidad desafiante y llena de obstáculos.
El proceso judicial que culminó en esta histórica sentencia no ha sido sencillo. La lucha por la justicia y la compensación adecuada fue larga y ardua, pero finalmente se ha logrado un resultado que podría sentar un precedente importante para futuros casos similares. Además de la compensación económica, el conductor responsable del accidente fue condenado a seis meses de prisión y se le privó del derecho a conducir, como resultado de su negligencia grave que causó lesiones irreparables a la víctima.
Es importante destacar que esta cifra récord no solo reconoce el sufrimiento y las pérdidas sufridas por la víctima, sino que también tiene un impacto más amplio en el sistema legal y en la manera en que se abordan estos casos en el futuro. El abogado defensor de la víctima, Manuel Castellanos, señaló que esta sentencia animará a futuros reclamantes a buscar un resarcimiento justo por sus sufrimientos y necesidades, al mismo tiempo que concienciará a jueces y tribunales sobre la importancia de considerar las necesidades médicas y de asistencia técnica de las víctimas al calcular las indemnizaciones.
La compensación de 3,3 millones de euros no solo proporcionará un alivio financiero crucial para la víctima, sino que también garantizará que tenga acceso a la atención médica y asistencial necesaria para el resto de su vida. Esta cantidad, aunque significativa, es un paso hacia adelante en la búsqueda de justicia para las víctimas de accidentes de tráfico, y un recordatorio contundente de la responsabilidad que tienen todos los actores involucrados en prevenir y mitigar el impacto de estos eventos trágicos.
En resumen, esta sentencia histórica es un paso en la dirección correcta hacia una mayor protección y reconocimiento de los derechos de las víctimas de accidentes de tráfico. Esperamos que este caso sirva como ejemplo para futuras disputas legales y que inspire a un cambio positivo en la forma en que se abordan y resuelven estos casos en el sistema judicial.
Resolución de 18 de enero de 2024, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se hacen públicas las cuantías de las indemnizaciones actualizadas del sistema para valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación.
Se ha publicado en el BOE de 20 de octubre de 2022, el Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.
El presente Real Decreto regula el procedimiento para el reconocimiento, declaración y clasificación del grado de discapacidad, estableciendo los baremos que rigen este procedimiento, así como el establecimiento de los órganos que son competentes para llevarlo a cabo. Esta normativa se encuadra dentro de la Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030, llevándose a cabo un reconocimiento de las necesidades y situaciones de este colectivo, así como de sus familias.
Consideramos que uno de los beneficios que se obtiene con esta nueva normativa es la unificación de criterios en torno a la evaluación del grado de discapacidad en todo el territorio del Estado, lo que evita posibles desigualdades que puedan darse de una comunidad autónoma a otra, sustituyendo al baremo que estaba en vigor desde el año 1999.
Otro de los componentes importantes que se reflejan en la nueva normativa está relacionada con la implementación del modelo biopsicosocial de la Clasificación Internacional del Funcionamiento (CIF).
Cabe destacar que este colectivo está conformado por 4,38 millones de personas aproximadamente en nuestro país, lo que supone casi un 10% del total de la población y cuyas reivindicaciones han provocado grandes avances en la materia.
En este modelo se evalúa el funcionamiento y la discapacidad sobre dos categorías fundamentales siendo, por una parte, el funcionamiento y discapacidad entendidas como funciones y estructuras corporales, actividad y participación y, por otra parte, los factores contextuales que intervienen en dicha valoración, como son los factores ambientales y personales.
Por lo tanto, se establece que la discapacidad es una realidad social y un concepto que puede verse modificado y evolucionar en el tiempo, siendo el resultado de la interacción entre las personas con patologías y las barreras existentes en relación con la actitud y al entorno que limitan su participación plena y efectiva en la sociedad, garantizando la igualdad de condiciones.
Se supera, de este modo, la exclusiva perspectiva médica que guiaba estos procedimientos, adquiriendo una visión más global y psicosocial.
Por otra parte, esta nueva normativa ha desarrollado la perspectiva de género y la realidad del ámbito rural al procedimiento.
Este modelo biopsicosocial ya se encuentra presente en la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, 13 de diciembre de 2006, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).
Ya en febrero del 2009 se aprobó una proposición no de ley en la que la Comisión del Congreso de los Diputados para las Políticas Integrales de la Discapacidad instaba al Gobierno a implementar nuevos baremos que valorasen la discapacidad de acuerdo con este modelo de la CIF.
En este sentido, en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, incorporaba el concepto de discapacidad de la Convención Internacional sobre derechos de las personas con discapacidad.
Entrará en vigor el 20 de abril de 2023 y traerá las siguientes novedades:
Flexibiliza el procedimiento a través de medios telemáticos y asegurando la accesibilidad universal.
Establece un trámite de urgencia cuando sea necesario para abordar las situaciones de las personas más vulnerables como son las causas humanitarias o de violencia de género.
Garantiza el derecho de las personas menores de edad con discapacidad a ser informados y escuchados. Por lo que se les hará en mayor medida partícipes del procedimiento, incluyendo criterios específicos de evaluación para la infancia y adolescencia.
Permite una valoración y calificación más adaptada a las realidades que causan la discapacidad, como son las discapacidades psicosociales, autismo o enfermedades raras.
Se podrá ir acompañada de una persona de confianza a la valoración.
Incluye a la sociedad civil afectada en la Comisión de Valoración de la Discapacidad.
Por último, se tipifican cuatro grados de discapacidad, dependiendo del porcentaje asignado por el Comité de Valoración. .
Puedes contactarnos en nuestro número de teléfono gratuito 900 90 77 11 o en nuestro correo electrónico info@asociaciondia.org
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