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La Reforma de las costas procesales impulsada en septiembre se encuentra en standby. Aquí, las posturas encontradas a nivel político y una visión clara de cómo debería ser el juicio para las víctimas que reclaman.

 

La reforma de las costas procesales: en standby

 

El pasado mes de septiembre el Partido Socialista impulsaba la reforma de las costas procesales, una reforma que después de admitirse a trámite y prorrogar en varias ocasiones los plazos de presentación de enmiendas, se encuentra actualmente en standby por falta de consenso político.

Según apuntaba el artículo de Cinco Días Legal (El País) del pasado 26 de febrero, se trataría de “una revisión radical del sistema vigente en la jurisdicción civil y contencioso-administrativa”.

Actualmente la condena ‘en costas’ implica que la persona que pierde un pleito debe pagar las costas procesales (honorarios del abogado/a, del procurador -en su caso-, de los peritos, derechos arancelarios, edictos que se deban publicar de manera obligatoria, documentos que se soliciten a los Registros públicos, etc.)

La reforma de las costas procesales afectaría a los juicios civiles y a la parte contencioso-administrativa, siendo en el ámbito de la jurisdicción civil donde existen visiones radicalmente opuestas.

 

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Posturas encontradas en la Reforma de las costas procesales

1. Juicios civiles

Es en el ámbito de los juicios civiles donde existen dos visiones opuestas:

  • “El que pierde paga, siempre”: así es como funcionan los juicios civiles actualmente. Esta postura sigue siendo defendida por el Partido Popular. Según el Partido Socialista este procedimiento sirve de barrera para el acceso a la justicia de los sectores sociales más desfavorecidos.
  • “El que pierde paga, sólo cuando el juez aprecie ‘mala fe’ o ‘temeridad’: esta es la alternativa que propone el Partido Socialista como medida para ‘no desincentivar’ el uso de la justicia por parte de las personas con menos recursos que temen no poder afrontar el pago de las costas si pierden. Los populares entienden que de aplicarse esta nueva regulación los litigios aumentarían considerablemente, algo que perjudicaría al sistema judicial actual. Para Ciudadanos, esta reforma pondría en jaque la ‘seguridad jurídica de los litigantes’.

 

2. Juicios contencioso-administrativos

 

En el caso del proceso contencioso-administrativo los partidos lo tienen más claro y existe cierto consenso, en el que están Unidos Podemos y Ciudadanos, al considerar que es necesario que la ciudadanía tenga más posibilidades de pleitear con la Administración sin miedo a pagar costas; sólo lo haría cuando el juez lo determinara en base a la ‘mala fe’ o ‘temeridad’. El Partido Popular teme que la Administración pierda dinero por el pago de costas y el progresivo aumento de los litigios.

 

El sector jurídico también opina

 

Según han advertido ya desde el sector, el cambio de criterio del vencimiento por el de temeridad provocará, en la práctica, que la condena en costas sea excepcional, y que cada parte tenga que correr con sus propios gastos, acercándonos al sistema de la american rule estadounidense. Los abogados no dejarán de cobrar sus minutas, pero ya no podrán resarcirse de la parte vencida, y el perjudicado será el cliente. (Cinco Días, El País, 26/02/2018)

 

 

¿Qué implicaciones tiene actualmente para las víctimas la existencia de condena ‘en costas’?

En opinión de Aquilino Yañez, uno de los mejores abogados especializados en reclamación de daños y responsabilidad civil a nivel nacional,

“Quizás el mayor handicap que tienen las víctimas hoy en día, aparte del nefasto baremo actual, es la complejidad y coste de los procesos de reclamación judicial” Yánez tiene claro cuál debería de ser un procedimiento justo “Yo siempre he propuesto que se tramitasen por los trámites del Juicio Verbal, sin preceptividad de Abogado y sin costas.”

En cuanto a la Reforma de las costas procesales que está actualmente en marcha, dice “Actualmente se está tramitando en el Congreso una propuesta en torno a esta última cuestión, para eliminar las costas judiciales imperativas, que algunos grupos pretenden limitar solamente a los consumidores. Pienso que las víctimas de los accidentes deberían de merecer protección como mínimo, igual a la de los consumidores”.

 

Las víctimas leves, las peor paradas

Desde nuestra asociación defendemos que no se pongan más trabas a las víctimas de accidentes a la hora de reclamar, y aunque consideramos que dejar a decisión del juez el pago o no de costas procesales, bajo la detección de ‘mala fe’ o ‘temeridad’, es un paso para democratizar el acceso a la justicia, vamos más allá. Elena Fernández Cuadrado, asesora legal y responsable del Departamento de Atención a Víctimas de Asociación DIA, nos explica:

“Las costas procesales en la vía civil perjudican a las víctimas -algo que en la vía penal se da de forma gratuita-, en la medida en que desincentivan la reclamación judicial especialmente cuando se trata de víctimas leves (si el importe que se reclama no es mucho mayor que lo que se pagaría ‘en costas’ la persona por lo general opta por no asumir el riesgo) o cuando se recurre en segunda instancia. Creemos que la propuesta de Yáñez tiene sentido: juicio verbal, sin perceptividad de abogado/a -que sea optativo- y sin costas”.

 

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Lo que la Comisión de Elaboración del Baremo no contempló modificar

 

Por su parte, el abogado Manuel Temboury, Presidente de ADEVI (Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Responsabilidad Civil) también valora como positiva la supresión de costas en procesos civiles y contencioso-administrativos, y apunta además la siguiente particularidad de la ley 35/2015 que penaliza, de nuevo, a las víctimas.

La ley 35/2015 permite al juez imponer las costas en el supuesto en que, habiendo realizado la aseguradora una oferta motivada, si en el pleito posterior se considera que la cantidad a indemnizar es la misma, hay condena en costas para la víctima. Es un gol que nos metieron en trámite parlamentario con la reforma del art. 7, puesto que la Comisión de Elaboración del Baremo no contempló modificar dicho artículo.
Según Temboury, la supresión de costas evitaría esta situación.
Este hecho hace que los perjudicados por accidentes se piensen mucho si presentar o no demanda por lo que se inclinan a aceptar lo que dice la aseguradora y no reclaman.
“A nivel contencioso administrativo -continúa Temboury- y en relación con procedimientos donde se demanda a la administración por caídas o negligencias medicas la antigua ley no contemplaba la imposición de costas. Tras la modificación de la ley hace unos años siempre hay costas lo que hace que la víctima en estos casos se piense muy mucho reclamar.”
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